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El fallo de la Corte Constitucional en el que deja sin efecto el resultado de la Consulta Popular en la cual los ciudadanos de Cumaral decidieron por mayoría que no querían el proyecto de extracción minera en su municipio, por parte de la empresa Mansarovar Energy, tiene alarmados a los ambientalistas y a todos los que pensaban que en manos de la participación ciudadano se podían frenar este tipo de proyectos.

La Corte dijo en el fallo tres cosas claras, la primera es que la Consulta Popular no tiene efectos válidos para pretender frenar un proyecto de extracción minera en Colombia, debido a que las riquezas del suelo y subsuelo le pertenecen a la Nación, es decir, no al pueblo directamente y que son los entes territoriales los que tienen un manejo y relación con el mismo Estado sobre estos temas, no la ciudadanía.

La segunda, es que en Colombia no se ha establecido un mecanismo de participación ciudadana para que sea el mismo pueblo el que tenga la oportunidad de decidir en este tipo de casos, y por último, el responsable de que no existan estos mecanismos es el Congreso de la República, porque desde allí es donde pueden implementarse este tipo de participaciones.

La sentencia señala: “la Corte identificó que en la actualidad no existen mecanismos idóneos y vigorosos para garantizar tanto la participación ciudadana como la forma de hacer compatible los principios de coordinación y concurrencia de la Nación y las entidades territoriales. Por tanto, la Sala Plena de la Corte exhortó al Congreso de la República para que en el menor tiempo defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio”.

Ademas, la Corte: “estableció los siguientes criterios constitucionales que deberán ser tenidos en cuenta en la definición e implementación de los mismos: i) Participación ciudadana y pluralidad; ii) Coordinación y concurrencia nación territorio; iii)  Inexistencia de un poder de veto de las entidades territoriales para la exploración y explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables; iv) Diferencialidad / Gradualidad; v) Enfoque Territorial.; vi) Legitimidad y Representatividad; vii) Información previa, permanente, transparente, clara y suficiente; viii) Desarrollo sostenible; ix)  Diálogo, comunicación  y confianza; x) Respeto, protección y garantía de los derechos humanos; xi)  Buena Fe; xii) Coordinación y fortalecimiento de la capacidad institucional nacional y territorial y, xiii) Sostenibilidad fiscal”.

De esta manera, en esta discusión, hay una gran responsabilidad del Congreso de la República y hasta el momento nadie la ha reclamado al legislativo por su falta de definición en estos aspectos que acaban de dejar un vacío en la capacidad del pueblo, como soberano constitucional, de decidir en estos casos.

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