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En la medida en que han surgido nuevos modelos de negocio basados en el concepto de economía colaborativa en diferentes industrias, tanto las oportunidades de emprendimiento como las alternativas de consumo se han diversificado y flexibilizado en el mundo. Sin embargo, estas nuevas economías también han introducido escenarios que trascienden las regulaciones tradicionales, representando nuevos retos para los gobiernos. Tal vez uno de los desafíos más complejos lo enfrentan gobiernos, como el colombiano, que no ha encontrado la forma de actualizar las reglamentaciones para acoger las innovaciones tecnológicas que satisfacen las necesidades de la sociedad moderna.

Aunque en Colombia no exista una normativa expresa que contemple este tipo de servicios bajo economía colaborativa, el mercado de estas aplicaciones continuará creciendo y diversificándose en la medida que la demanda exista.

En este panorama, la aplicación de Uber ha sido pionera y se ha convertido en una opción de emprendimiento para miles de personas y una alternativa de movilidad para millones de usuarios en Colombia. A pesar de que la legalidad de los servicios prestados por quienes se registran en la aplicación ha sido cuestionada.

Uno de los casos más polémicos, y a la vez más interesantes de analizar, es el del transporte privado intermediado por plataformas tecnológicas (TPIP) en Latinoamérica, región donde Uber ha evidenciado su crecimiento más rápido y ha celebrado victorias regulatorias a destacar: 

● México: tras dos años de operación, protestas del gremio de taxistas y diversas discusiones con el Gobierno, la capital mexicana se convirtió en la primera ciudad de Latinoamérica en regular Uber en 2015. Para esto, se acordaron con el Gobierno del Distrito Federal la creación del Fondo para el Taxi, la Movilidad y el peatón, que establece un pago del 1.5% de cada viaje, asumido por la compañía, cuya función es contribuir a la mejora del Taxi y a mejorar las condiciones de la infraestructura vial a diferentes niveles; Además se garantiza el cumplimiento de unos estándares mínimos de seguridad y calidad de los vehículos. Esta regulación no restringe el número de automóviles con los que se preste el servicio de TPIP y establece mecanismos de retención de impuestos para los conductores, promoviendo así su alta y contribución al sistema de seguridad social.

● Bolivia: la libertad de usar alternativas de transporte privado en La Paz se reconoció en 2016 con la creación del Reglamento Municipal de Servicio Privado de Transporte de Pasajeros contratado mediante Plataformas Tecnológicas. En este caso, la reglamentación no sólo busca optimizar la calidad, la eficiencia y la seguridad del servicio, sino también resalta explícitamente la importancia de facilitar el acceso y la prestación del servicio a personas en condición de discapacidad.

● Brasil: se logró la regulación del servicio de transporte privado intermediado por plataformas (TPIP) en 2018 luego de dos años de discusiones. Bajo el lema ‘Juntos por la movilidad’, Uber y otras aplicaciones de la categoría reunieron más de 800 mil firmas en su petición de apoyo para una regulación alternativa, la cual fue presentada al Congreso. Algunas de las condiciones de esta normativa es que los vehículos cumplan con ciertas características de seguridad exigidas por las autoridades y que los socios conductores indiquen que ejercen su función bajo remuneración. Al igual que México, los gobiernos locales de Brasil tienen “competencia exclusiva” para reglamentar y fiscalizar los servicios de transporte privado intermediados por plataformas, observando la normativa del Código Nacional de Tránsito.

● Perú: se dió la creación de una categoría diferente conocida como “Taxi por Aplicativo”, que reconoce la existencia de los taxis de calle y de los vehículos privados y sus diferencias. Esta Legislación fue aprobado por la comisión de protección al consumidor y la comisión transportes, con lo cual se está a la espera de que se ponga en agenda del pleno del Congreso para su discusión y posterior votación. Al amparo de esta Ley, las compañías se reportan ante el Ministerio de Transporte con el fin de crear un registro único. Las particularidades de la prestación del servicio se establecerán por parte del Ministerio quien además recibirá información sobre los prestadores del servicio por parte de las plataformas.

● Paraguay: después de siete meses de operación, proponen la creación de un Registro de Empresas de Contratación Digital de Transporte Alternativo de Personas (RECDTAP), donde se identifiquen las empresas, con una lista completa de sus conductores inscritos, que deberán contar con registro de conducción de categoría profesional y un registro libre de antecedentes penales y policiales. Al mismo tiempo, se propone puntos específicos como la condición de que los conductores cuenten con seguros de responsabilidad civil contra daños ocasionados a terceros o pasajeros, y el derecho a exigir el pago de impuestos y demás requisitos como la inspección técnica vehicular (ITV) entre otras condiciones.

“Reiteramos nuestro interés y disposición para generar oportunidades de diálogo que lleven a concretar la reglamentación necesaria para que Colombia también haga parte de estos países que ya vieron avances en términos de movilidad y tecnología. Uber está disponible en Colombia desde hace 6 años, siendo una alternativa de movilidad para millones de ciudadanos y de ganancias adicionales para más de 88 mil socios conductores”. Afirma Nicolás Pardo, gerente general de Uber Colombia.

En el caso de Colombia, es importante y necesario que se defina un esquema de reglamentación que comprenda la diversidad de modelos normativos ya existentes en el mundo y consideren a las personas que generan ganancias adicionales a través de estas tecnologías. Avanzar en un marco integral y de doble vía, en el que todos los actores sean beneficiados. Se requiere prioritariamente de una reglamentación que reconozca la categoría de servicio de transporte privado intermediado a través de plataformas tecnológicas.

“Colombia no se puede quedar atrás en el avance y la innovación, y desatender los intereses de un sector tan importante de la población. Las autoridades deben comprender la urgencia de regular estos servicios, para sacar provecho de los beneficios que ya disfrutan otras economías de la región”, concluyó Nicolás Pardo.

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